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1. Deducción por obras de mejora en la vivienda habitual renta 2010, 2011 y 2012 Se informa de los criterios administrativos aplicables a la deducción...

Se prevén 19,4 millones de declaraciones en esta campaña de Renta, de las cuales 15,2 millones serán a devolver por un importe de más de 11.000 millones de euros.

La atención en oficinas comenzará el 3 de mayo y se mantendrá hasta el 30 de junio, último día de la campaña de Renta 2010 La Agencia Tributaria recuerda que el borrador es una ayuda para hacer la declaración y que debe revisarse.

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Requisitos

1. Haber realizado el pago de las tasas municipales entre el 23 de febrero de 2010 y el 31 de diciembre de 2010, que sean exigibles en cualquier municipio de la Comunidad de Madrid, siempre que dicho pago sea necesario para que los interesados puedan iniciar sus respectivas actividades profesionales o empresariales.

2. Haber presentado con fecha posterior a 1 de enero de 2010, ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la correspondiente declaración censal de alta en el censo de empresarios o profesionales (modelo 036 ó 037).

No podrán ser beneficiarios las personas físicas o jurídicas en quienes concurran alguna de las circunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, ni del artículo 29.5 de la Ley de Hacienda de la Comunidad de Madrid.

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El Congreso de los Diputados convalidó ayer por mayoría las iniciativas de estímulo fiscal dirigidas al sector de la rehabilitación de vivienda que se incluían en el Real Decreto Ley de Medidas para el Impulso de la Recuperación Económica y el Empleo, aprobado el pasado viernes día 9 de abril por el Consejo de Ministros.

El Gobierno espera que este paquete fiscal tenga un intenso efecto dinamizador sobre el sector de la construcción, que, unido a otras iniciativas gubernamentales -como el programa de reformas en edificios públicos para mejorar su eficiencia energética-, sirva para contribuir a la generación de empleo.

Además, estas medidas fiscales contribuirán adicionalmente al objetivo de eficiencia y ahorro energético formulado por el Gobierno en el marco de la Estrategia de Economía Sostenible.

NUEVA DEDUCCIÓN POR OBRAS EN EL IRPF

La primera de estas reformas es la nueva deducción temporal en el IRPF por obras de mejora en la vivienda habitual.  Ésta permitirá deducirse hasta un 10% de las cantidades que se inviertan entre el 14 de abril de 2010 (fecha de entrada en vigor del Decreto Ley) y el 31 de diciembre de 2012 en actuaciones de mejora en la vivienda habitual, o en el edificio en el que ésta se encuentre, con un límite total de 12.000 euros por vivienda. El límite anual máximo por contribuyente será de 4.000 euros.

Podrán beneficiarse de esta deducción la gran mayoría de los contribuyentes, con la única excepción de los que tengan una base imponible superior a 53.007,20 euros, que suponen únicamente el 5% del total. La deducción concentrará su máxima efectividad en los contribuyentes con una base imponible igual o inferior a 33.007,20 euros anuales, ya que éstos podrán aplicar el 10% de deducción sobre la base máxima anual prevista de 4.000 euros por contribuyente. A medida que el nivel de renta de los contribuyentes vaya aumentando respecto de ese límite, la base de la deducción se irá reduciendo hasta llegar a cero cuando se superen los 53.007,20 euros de base imponible.

Para optimizar la efectividad del incentivo fiscal, se permitirá que las cantidades satisfechas por un contribuyente en un determinado ejercicio que no puedan deducirse por la aplicación de la base máxima anual de 4.000 euros establecida, puedan deducirse, con el mismo límite anual, durante los cuatro ejercicios siguientes.

En todo caso, la cantidad sometida a deducción durante todos los periodos impositivos en que proceda aplicarla no podrá superar los 12.000 euros por vivienda habitual. En los casos en que concurran varios propietarios con derecho a practicar la deducción respecto a una misma vivienda, este límite de 12.000 euros se repartirá entre los copropietarios en función de su respectivo porcentaje de propiedad en el inmueble.

En línea con lo establecido en el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, permitirán beneficiarse de este nuevo incentivo fiscal las obras que tengan por objeto mejorar la eficiencia energética de la vivienda (instalación de paneles solares, mejora de aislamiento de ventanas, cambio de bañera por ducha…), consolidar la seguridad y estanqueidad de los edificios (sustitución de instalaciones de electricidad, agua o gas), favorecer la accesibilidad (adaptación de ascensores a las necesidad de personas con discapacidad, instalación de rampas de acceso…) e instalar nuevas infraestructuras de telecomunicaciones que permitan el acceso a Internet o a servicios de televisión digital en las viviendas de los contribuyentes.

Por el contrario, no darán derecho a deducción las obras que se realicen en plazas de garaje, jardines, piscinas, instalaciones deportivas y otros elementos análogos, como tampoco lo harán  cambiar los muebles de la cocina, hacer o vestir armarios, cambiar azulejos, pintar, tirar tabiques o cambiar suelos.

Es importante subrayar, además, que el incentivo sólo se podrá aplicar sobre las cantidades abonadas mediante tarjeta de crédito o débito, transferencia bancaria, cheque nominativo o ingreso en cuentas de entidades de crédito, nunca cuando los servicios se abonen en efectivo. Esta cautela tiene como principal objetivo colaborar en la prevención del fraude fiscal y laboral.

Conviene aclarar que los contribuyentes sólo podrán empezar a beneficiarse de esta nueva ayuda fiscal a partir de la Declaración de la Renta de 2010 (a presentar en el año 2011) y que, por tanto, no podrá aplicarse en la que se realice en este ejercicio. Por ello, es importante conservar las facturas recibidas por las obras correspondientes para justificar las inversiones.

En este sentido, será preciso conservar tanto el justificante del medio de pago elegido como la factura emitida, que deberá recoger la siguiente información: número y serie de la misma, fecha de expedición y fecha de realización de la operación si ambas no coinciden, nombre y apellidos o denominación del expedidor y del destinatario, NIF y domicilio del expedidor y, en su caso, del destinatario; descripción detallada de las actuaciones realizadas, tipo o tipos de IVA aplicados y cuota repercutida del IVA.

TIPO REDUCIDO DE IVA PARA OBRAS DE REPARACIÓN

El segundo gran incentivo fiscal es la aplicación del tipo reducido del 7% (8% a partir del 1 de julio) del IVA para todo tipo de obras de renovación y reparación de la vivienda particular que se realicen entre el 14 de abril de 2010 y el 31 de diciembre de 2012. Hasta ahora, este régimen sólo era aplicable a las obras de albañilería, ya que al resto se aplicaba el 16%. Con este nuevo marco, también se beneficiarán del mismo las actuaciones de fontanería, carpintería, instalaciones y montajes, electricidad o pintura y, en general, todas las reformas que se hagan en la vivienda, sea cual sea su finalidad.

El Real Decreto Ley establece tres requisitos para poder beneficiarse del nuevo régimen fiscal. Primero, que el destinatario sea una persona física y que las obras tengan como fin un uso particular, y no uno empresarial o profesional. Este requisito también operará cuando el destinatario sea una comunidad de propietarios y las obras se hagan en el edificio donde esté la vivienda particular. Segundo, que la construcción o rehabilitación de la vivienda donde se hacen las obras haya finalizado al menos dos años antes del inicio de las obras de renovación o reparación.

El tercer requisito es que quien realice las obras no aporte materiales cuyo coste supere el 33% de la base imponible de la operación. Por ejemplo, si la obra en cuestión fuera la colocación del suelo de una vivienda y el coste total de la misma ascendiera a 10.000 euros, se le podría aplicar el tipo reducido si el material utilizado no superara los 3.300 euros. Si los materiales aportados excedieran de esa cantidad, el tipo aplicable a dicha obra sería el normal del 16%. Hasta el actual Decreto Ley, el límite de  los materiales estaba en el 20%.

En la factura se debe hacer constar el coste de los materiales aportados o que se cumple el requisito de que dicho coste no excede del 33% de la base imponible.

AMPLIACIÓN DEL CONCEPTO DE REHABILITACIÓN EN EL IVA

El otro eje de acción para promover la actividad en el sector de la rehabilitación de vivienda es la ampliación del concepto de rehabilitación estructural a efectos de IVA, a través de la definición de obras análogas y conexas a las estructurales, que permitirá reducir los costes fiscales asociados a la actividad económica de la rehabilitación.

La antigua regulación ya recogía estos conceptos, pero no les daba una definición suficientemente precisa, lo que impedía, en muchos casos, la aplicación de tipos impositivo reducidos en determinadas actuaciones vinculadas a la rehabilitación. La definición de estos concepto recogida en el decreto ley que entra en vigor hoy no sólo mejorará la seguridad jurídica de las empresas del sector, sino que reducirá significativamente sus costes fiscales.

Así, desde el pasado 14 de abril y con vigencia indefinida se amplía el concepto de rehabilitación estructural, lo que permite aplicar el tipo reducido del 7% (8% a partir del próximo 1 de julio) a las obras de rehabilitación de edificaciones, incluidos los locales anejos, garajes, instalaciones y servicios complementarios, siempre que más del 50% del edificio esté destinado a viviendas particulares.

Para que tenga la consideración de rehabilitación, el coste de las obras debe exceder el 25% del precio de adquisición de la edificación (si ésta se efectuó en los dos años anteriores a la rehabilitación) o de su valor de mercado, descontando en ambos casos el valor del suelo. Asimismo, más del 50% de las acciones previstas en el proyecto deberán consistir en la reconstrucción del inmueble o en la realización de obras análogas o conexas a aquellas.

Se dará la consideración de obras análogas a las actuaciones de adecuación estructural que sirvan para garantizar la estabilidad y resistencia mecánica del edificio, a las de refuerzo de la cimentación, a las de ampliación de la superficie construida, a las de reconstrucción de fachadas y patios interiores y a las de instalación de elementos elevadores. Obras conexas se considerarán, por su parte, las de albañilería, fontanería y carpintería, las destinadas a la mejora de cerramientos o instalaciones y las obras de rehabilitación energética.

El Decreto establece, finalmente, la reforma del Impuesto General Indirecto Canario en el mismo sentido que el IVA en las materias cuya regulación corresponda al Estado, de forma que los beneficios fiscales derivados de estos cambios alcancen a todo el territorio.

ADAPTACIÓN DE LA ORDEN DE MÓDULOS PARA LOS PROFESIONALES DEL SECTOR

Todos estos cambios han tenido su reflejo en la Orden Ministerial que revisa todos los años los módulos previstos para el ejercicio, y en este caso reduce los aplicables a los autónomos y pequeños empresarios que realizan obras domésticas, adaptándolos al nuevo escenario fiscal derivado del Real Decreto Ley de Medidas de Impulso para la Recuperación Económica y el Empleo.

La orden rebaja los módulos establecidos en el IVA para todas aquellas actividades a las que, a partir de ahora, se les podrá aplicar el tipo reducido del impuesto, como, por ejemplo, fontanería, carpintería, pintura, instalaciones y montajes o trabajos en yeso y escayola.

Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda

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Esta actuación se denomina pago delegado pues corresponde al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), al Instituto Social de la Marina (ISM) y a las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales hacer frente a la baja a partir de los quince primeros días y no a las empresas que corren con el coste de la IT a su cargo hasta ese momento. Para evitar perjuicios a los trabajadores cuando caen enfermos o se accidentan, las empresas pagan la prestación de IT correspondiente y luego lo descuentan de sus cotizaciones.

Hasta la fecha se ejercía un control de gestión sobre los importes compensados, pero no estaban definidos los plazos ni el procedimiento. Es decir, la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) comprobaba que las deducciones practicadas en las cotizaciones se correspondían con los importes correspondientes a las bajas por IT únicamente cuando se le comunicaban compensaciones indebidas. Sin embargo, no había establecido ningún procedimiento “que permita asegurar una homogeneidad en la reclamación de los importes indebidamente compensados en concepto de pago delegado por IT que realizan las empresas”.

La resolución publicada ayer en el BOE establece el procedimiento para que el INSS, el ISM y las mutuas ejerzan este control y verificación sobre la compensación por pago delegado, así como su ulterior reclamación.

A partir de ahora la Tesorería General de la Seguridad Social remitirá al INSS, ISM y mutuas la información y éstas comprobarán “si existe coincidencia entre las compensaciones que realicen sus empresas protegidas por pago delgado de IT y la información referente tanto a las bajas médicas como a la duración y cuantía de los procesos de IT de los trabajadores de las indicadas empresas en ese periodo”. Esto servirá para determinar si es adecuada la compensación realizada o hay diferencias que deban ser reintegradas. La Seguridad Social establece un plazo de treinta días para realizar este procedimiento de comprobación desde la fecha en que INSS, ISM y mutuas reciben la información y en un plazo de diez días más deberán comunicar a la TGSS si aprecian diferencias imputables a actuaciones de las empresas. La Tesorería se encargará de remitir las correspondientes reclamaciones de deuda.

Las empresas pueden impugnar las reclamaciones que reciban de la TGSS y el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el ISM y las mutuas deberán contestar en veinte días, una vez que hayan recibido la reclamación.

En caso de que, por causa no imputable a la empresa, un trabajador esté recibiendo la prestación por IT de forma indebida se exigirá el reintegro de la misma al trabajador.

Desde ayer, fecha de la publicación de la Resolución en el BOE, INSS, ISM y mutuas disponen de treinta días para comunicar a la Tesorería “el historial de deficiencias existentes por compensaciones indebidas o inexactas” de sus empresas protegidas y que deban ser reintegradas.

La Tesorería General de la Seguridad Social realizará cruces de datos periódicos entre sus bases de datos de recaudación y las de prestación por Incapacidad Temporal del INSS.

Fuente:  Ministerio de Trabajo e Inmigración

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Además, se ajustan los módulos aplicables a actividades agrícolas y ganaderas afectadas por circunstancias catastróficas durante 2009.

La Orden se aprobará y publicará en el BOE antes del próximo 1 de mayo, de acuerdo con lo previsto en el Decreto Ley y su contenido se puede consultar desde hoy en la siguiente dirección:

http://www.meh.es/es-ES/Normativa%20y%20doctrina/Normativa/Paginas/ProyectosdeNormativa.aspx

Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda

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El Congreso de los Diputados ha aprobado hoy la convalidación de los dos reales decretos ley que recogen las medidas para el impulso de la recuperación económica y el empleo nacidas de los acuerdos de Zurbano, aprobados por el Consejo de Ministros los días 30 de marzo y 9 de abril, cumpliendo así el compromiso del Gobierno de activar este conjunto de actuaciones con carácter de urgencia, para facilitar que sus efectos sobre el crecimiento económico puedan concretarse lo antes posible.

Las medidas tienen como principal objetivo estimular la creación de empleo, facilitar la afluencia de crédito a los proyectos empresariales y configurar un patrón económico más fuerte, estable y sostenible. Las iniciativas están en plena sintonía con los parámetros establecidos en la Estrategia de Economía Sostenible que el presidente del Gobierno presentó en el Parlamento el pasado 2 de diciembre.

DECRETO LEY DE MEDIDAS PARA LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA

- Impulso a la rehabilitación de vivienda

Se incluyen  una serie de medidas fiscales que pretenden reorientar los recursos del sector desde la obra nueva hacia el segmento de la rehabilitación de viviendas. En este aspecto, se establece la creación de una nueva deducción temporal en el IRPF de hasta el 10% del coste de las obras de mejora en la vivienda habitual realizadas desde ahora hasta el 31 de diciembre de 2012, con un límite anual de 4.000 euros por contribuyente y un máximo total de 12.000 euros por vivienda durante los periodos impositivos en que proceda aplicar la deducción. Los contribuyentes cuya base imponible sea inferior a 33.007 € podrán aplicar el 10% de la deducción sobre la base máxima anual de 4.000 euros, que se reducirá progresivamente a medida que aumente el nivel de renta de los mismos hasta llegar a cero cuando superen los 53.007,20 € de base imponible. También se ha establecido, con el mismo horizonte temporal, la aplicación del tipo reducido de IVA para todo tipo de obras de mejora y renovación de viviendas. Este régimen sólo se aplicaba hasta ahora a las obras de albañilería, y ahora se extiende a las restantes actuaciones en la vivienda, como, por ejemplo, fontanería, carpintería, instalaciones y montajes, electricidad o pintura.

- Impulso a la financiación de las PYMES

En el marco de las medidas de apoyo a las PYMES, el Real Decreto Ley instruye al Instituto de Crédito Oficial (ICO) para que agilice los procedimientos de licitación necesarios para la puesta en funcionamiento del programa de financiación directa a PYMES y autónomos de modo que esté operativo antes del 15 de junio de 2010. En este sentido, el ICO ha enviado ya a las entidades financieras los pliegos del concurso para actuar como entidades colaboradoras en la concesión de préstamos directos a autónomos y a pequeñas y medianas empresas. Con el fin de optimizar la extensión del programa por toda España, serán dos las redes financieras de ámbito nacional las que colaborarán con el Instituto.

Las entidades podrán enviar sus ofertas al ICO hasta el 10 de mayo, y el Instituto tiene un plazo máximo de 15 días hábiles para resolver el concurso. El objetivo de esta nueva línea, que estará operativa antes del 15 de junio, es financiar operaciones tanto de inversión como de liquidez, con un importe máximo de 200.000 euros por cliente, siendo el ICO quien decide la concesión y asume el riesgo de estas operaciones al 100%.

Las redes comercializadoras no podrá exigir condiciones de precio, o de cualquier otro tipo, adicionales o diferentes de las establecidas en el programa ni, en particular, vincularlo a la contratación de otros productos o servicios ofrecidos por la  entidad financiera.

- Estímulos para la actividad empresarial

En este ámbito se incluyen medidas de carácter administrativo y fiscal. Entre ellas destacan las reformas de la Ley de Contratos del Sector Público y de la Ley de Subvenciones para permitir que las empresas que hayan solicitado la declaración voluntaria de concurso de acreedores, siempre que ésta haya adquirido eficacia a través de un convenio, puedan mantener las relaciones contractuales con la Administración o seguir recibiendo ayudas.

Además, se flexibilizan los requisitos para recuperar las cuotas repercutidas del IVA en los casos de facturas incobrables; se prorroga para 2011 y 2012 la libertad de amortización de inversiones en el Impuesto de Sociedades siempre que se mantenga el empleo; se reforma la Ley del Suelo para poder aplicar un coeficiente corrector vinculado con los precios de mercado en la valoración del suelo agrario y para extender hasta el final de 2011 la posibilidad de aplicación de la legislación anterior en la valoración de suelos definidos como urbanizables; se permite que los seguros de crédito a la exportación puedan otorgar coberturas mediante garantías o seguros de crédito, y se reducen las tasas aeroportuarias.

- Apoyo a PYMES

Se flexibiliza el funcionamiento de los fondos de titulización de créditos a pequeñas y medianas empresas, se simplifican sus obligaciones de documentación respecto a las operaciones vinculadas y se reduce a seis meses el plazo para la reclamación de devolución de IVA.

- Protección a los ciudadanos

Se eleva en un 10% el umbral de inembargabilidad en los casos en que el precio obtenido por la venta de la vivienda habitual hipotecada sea insuficiente para cubrir el crédito garantizado, incrementándose en un 20% adicional por cada miembro del núcleo familiar que no disponga de ingresos propios. Por otra parte, se ha establecido un tipo superreducido de IVA del 4% para los servicios de atención a la dependencia, y se pone en marcha la exención en el Impuesto sobre la Renta, con un límite de 1.500 euros, de las cantidades satisfechas por las empresas para desplazamientos entre la vivienda y el centro de trabajo en transporte público colectivo.

- Medidas en el sector energético y financiero

Se reducen los plazos y trámites del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y se hacen modificaciones orientadas a clarificar el régimen aplicable a los sistemas institucionales de protección (SIP). En lo que se refiere al sector energético, se crean las condiciones para impulsar las empresas de servicios energéticos y se ponen en marcha medidas referentes a la titulización del déficit de tarifa del sistema eléctrico y a la creación de la figura del gestor de recarga energética.

REAL DECRETO LEY DE AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE MEDIDAS APROBADAS PARA REDUCIR EL IMPACTO DE LA CRISIS

El Congreso ha convalidado también el Real decreto Ley, aprobado el pasado 30 de marzo, que ampliaba la vigencia de determinadas medidas económicas de carácter temporal adoptadas en los años 2008 y 2009 con el fin de reducir el impacto de la crisis sobre los ciudadanos y las empresas y de estimular el mantenimiento y la recuperación de la actividad económica. Estas medidas están llegando al final de su plazo de vigencia y era preciso prorrogarlas, puesto que su aplicación sigue resultando necesaria en los sectores afectados. Entre las medidas aprobadas, hay tres que estaban incluidas entre las propuestas de los acuerdos de Zurbano.

Así, se amplía a dos nuevos ejercicios el régimen excepcional para los supuestos de reducción obligatoria de capital social en sociedades anónimas y de disolución en sociedades anónimas y de responsabilidad limitada como consecuencia de pérdidas por deterioro del inmovilizado material, de las inversiones inmobiliarias y de las existencias.

También se amplía hasta el 31 de diciembre de 2010 el plazo para finalizar los procedimientos de reclamación por obras adicionales presentados por sociedades concesionarias de autopistas de peaje, con el fin de compensar a estas empresas por obras ejecutadas que no estaban previstas en los proyectos iniciales de concesión.

Finalmente, se establece que la cuantía global por derechos devengados por un procurador de los tribunales en un mismo asunto, actuación o proceso no podrá exceder de 300.000 euros. Excepcionalmente, y siempre que esté justificado y autorizado por el juez, se podrá superar ese límite para poder remunerar adecuadamente los servicios profesionales realizados por el procurador de manera extraordinaria.

Fuente:  Ministerio de Economía y Hacienda

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1. Dualidad y temporalidad de nuestro mercado laboral.
2. Revisión de la política de bonificaciones a la contratación.
3. Programa de empleo de jóvenes.
4. Intermediación laboral.
5. Y fomento de la reducción de jornada como instrumento de ajuste temporal de empleo.

De las ocho líneas propuestas inicialmente, hay tres que por diferentes razones serán abordadas a través de otros instrumentos o instancias como:

1. La negociación colectiva y la flexibilidad interna, de forma bilateral.
2. La igualdad y no discriminación en el trabajo entre mujeres y hombres como una materia transversal de cada uno de los acuerdos.
3. Y el control de los procesos de incapacidad temporal en el marco del diálogo social derivado del Pacto de Toledo.

En este sentido, el Gobierno plantea un acuerdo que permita avanzar hacia un mercado de trabajo más moderno, funcional y coherente con el desarrollo de la economía sostenible, que apoye la creación de empleo y que aumente las oportunidades de empleo a las personas desempleadas.

Fuente:  Ministerio de Trabajo e Inmigración

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La cuantía de los incentivos podrá alcanzar hasta el 5% del importe de las cuotas por contingencias profesionales satisfechas en el periodo de observación o bien del 10% si ya ha percibido el incentivo en el inmediatamente anterior y sean de periodos consecutivos. En el caso de las pequeñas empresas, el límite se establece en un máximo de 250 euros en el primer periodo de observación, que se elevará a 500 en el segundo periodo y siguientes, siempre que en el inmediatamente anterior se haya percibido.

La financiación del sistema de incentivos será con cargo al Fondo de Prevención y Rehabilitación constituido con el 80 por ciento del exceso de excedentes de la gestión de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social.

Este Real Decreto se enmarca en la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2007-2012 que se aprobó en Consejo de Ministros en junio de 2007 y que establecía la posibilidad de que el Gobierno implantara sistemas de reducción de cotización a la Seguridad Social por contingencias profesionales en el caso de que las empresas acreditaran una reducción de la siniestralidad y que se distingan por emplear medios eficaces de prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

Las empresas que quieran optar a los incentivos deberán presentar la solicitud entre el 1 de abril y el 15 de mayo de cada año en la mutua o entidad gestora que asuma la protección de sus contingencias profesionales.

Según recoge el Real Decreto, en 2010 se reconocerán y abonarán los incentivos correspondientes al ejercicio 2009, en los plazos y condiciones establecidos en la norma. La fecha inicial del periodo de observación será, pues, el día 1 de enero de 2009.

Fuente:  http://www.tt.mtin....01003/SS20100330.htm

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El contenido del Decreto Ley es el fruto de las negociaciones mantenidas por el Gobierno con los grupos parlamentarios en el transcurso de las últimas semanas y plasma los principales puntos de consenso sobre el  documento de propuestas del Gobierno. Incorpora, además, las sugerencias de muchos de los partidos políticos.

Las medidas contenidas en este paquete legislativo se inscriben en el programa de trabajo de la Estrategia para una Economía Sostenible, presentada por el Presidente del Gobierno el pasado 2 de diciembre.

El Gobierno entiende que el Real Decreto Ley actúa sobre ámbitos en los que resulta de urgente necesidad la aprobación de reformas para afianzar la recuperación económica y favorecer la creación de empleo.

El Real Decreto Ley se estructura temáticamente en torno a seis ejes de actuación que persiguen el fomento de la rehabilitación de viviendas, la configuración de un marco más propicio para la actividad empresarial, el apoyo a las PYMES, la protección de los ciudadanos más vulnerables a la situación económica y la mejora del entorno regulatorio en los sectores energético y financiero.

IMPULSO A LA REHABILITACIÓN DE VIVIENDA

Como capítulo uno, el Decreto Ley incluye un conjunto de reformas destinadas a recuperar la actividad en el sector de la construcción por la vía, fundamentalmente, del impulso fiscal a la rehabilitación de viviendas, contribuyendo además a la eficiencia y ahorro energético y propiciando incrementos en los niveles de empleo y actividad de un sector especialmente afectado por la crisis.

Dentro de este capítulo se incluye la creación de una nueva deducción temporal en el IRPF por las obras de mejora en la vivienda habitual que se realicen hasta el 31 de diciembre de 2012, siempre que tengan por  objeto, entre otros, la mejora de la eficiencia energética, la sustitución de instalaciones de suministros o la creación de infraestructuras que favorezcan la accesibilidad. Permitirá deducirse el 10% de las cantidades invertidas, con un límite máximo anual de 4.000 euros, a los contribuyentes cuya base imponible sea inferior a 33.007 €, y se reducirá progresivamente hasta los 53.007,20 € de base imponible. El límite durante todos los años de vigencia de la norma es de 12.000 euros por vivienda.

Por otra parte, se establece la aplicación de un tipo reducido de IVA para todo tipo de obras de renovación y reparación de  vivienda realizadas hasta el 31 de diciembre de 2012. También se amplía el concepto de rehabilitación estructural tanto en el IVA como en el IGIC, a través de la definición de obras análogas y conexas a las estructurales, lo que permitirá reducir los costes fiscales de esta actividad.

ESTÍMULOS PARA LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL

Otro grupo de medidas están orientadas a favorecer la actividad empresarial a partir de reformas de carácter administrativo y fiscal. Dentro de este epígrafe destaca la reforma de la Ley de Contratos del Sector Público para permitir el mantenimiento de las relaciones contractuales con la Administración a las empresas que hayan solicitado la declaración

voluntaria de concurso de acreedores, siempre que ésta haya adquirido eficacia a través de un convenio, así como la devolución de la garantía  depositada por el contratista y la cesión del contrato cuando éste no pueda garantizar su ejecución. En este mismo sentido también se modifica la Ley de Subvenciones para permitir que las empresas que se declaren voluntariamente en concurso de acreedores puedan seguir percibiéndolas.

En el plano fiscal, se modifica la normativa del IVA y del IGIC con el  objetivo de flexibilizar los requisitos para recuperar las cuotas repercutidas del impuesto en los casos de facturas total o parcialmente incobrables; y se prorroga para 2011 y 2012 la libertad de amortización de inversiones en el Impuesto de Sociedades siempre que se mantenga el empleo.

Las reformas en este campo alcanzan también a la Ley del Suelo para poder aplicar un coeficiente corrector vinculado con los precios de 0ercado en la valoración del suelo agrario y para extender hasta el final de 2011 la posibilidad de aplicación de la legislación anterior en la valoración de suelos definidos como urbanizables; a la regulación de los seguros de crédito a la exportación para que las coberturas otorgadas puedan instrumentarse mediante garantías o seguros de crédito, y a las tasas aeroportuarias.

APOYO A PYMES

Las pequeñas y medianas empresas tienen una relevancia incuestionable dentro del tejido industrial español y, por esta razón, el Gobierno las ha situado desde un primer momento en el centro de su acción política contra la crisis económica. Este nuevo paquete de medidas busca fundamentalmente introducir nuevos mecanismos de apoyo financiero y reducir las cargas administrativas en el ámbito tributario.

Para paliar los problemas de acceso al crédito, se instruye al ICO para que agilice los procedimientos de licitación necesarios para la puesta en funcionamiento del programa de financiación directa a PYMES y autónomos de modo que esté operativo antes del 15 de junio de 2010.

Además, el decreto flexibiliza el funcionamiento de los fondos de titulización de créditos a pequeñas y medianas empresas, los FTPYME, de forma que los fondos derivados de la titulización puedan destinarse a financiar activo circulante. En el campo de la reducción de cargas administrativas, se modifica la Ley del Impuesto de Sociedades para exonerar de las obligaciones de documentación respecto a las operaciones vinculadas a las empresas de reducida dimensión cuando estas operaciones en su conjunto no superan la cuantía de 100.000 euros por ejercicio. Esta exoneración no será operativa para las operaciones con paraísos fiscales.

PROTECCIÓN A LOS CIUDADANOS

La iniciativa aprobada hoy hace especial hincapié en la protección de los segmentos sociales más vulnerables y más expuestos a la crisis. Para intentar avanzar en este objetivo se eleva el umbral de inembargabilidad establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil en los casos en que el precio obtenido por la venta de la vivienda habitual hipotecada sea insuficiente para cubrir el crédito garantizado. Este umbral se eleva en un 10% sobre el actual, fijado en el Salario Mínimo Interprofesional, incrementándose en un 20% adicional por cada miembro del núcleo familiar que no disponga de ingresos propios regulares, salario ni pensión.

Por otra parte, se establece un tipo super reducido de IVA del 4% para los servicios de atención a la dependencia prestados por empresas integradas dentro del Sistema Público de Autonomía y Atención a la Dependencia a través de plazas concertadas en centros o residencias o mediante precios derivados de concursos administrativos. Se incluyen los servicios de tele asistencia, ayuda a domicilio, centro de día y de noche y atención residencial.

La norma incluye la exención en el Impuesto sobre la Renta, con un límite de 1.500 euros, de las cantidades satisfechas por las empresas para desplazamientos entre la vivienda y el centro de trabajo en transporte público colectivo.

MEDIDAS EN EL SECTOR ENERGÉTICO Y FINANCIERO

Finalmente, el Real Decreto Ley de Medidas para el Impulso de la Recuperación Económica y el Empleo también incorpora actuaciones en sectores estratégicos de la economía española, como el energético y el financiero. En el ámbito financiero, las modificaciones están orientadas a clarificar el régimen aplicable a los sistemas institucionales de protección (SIP) en aspectos relativos a su régimen de consolidación contable y de adhesión al Fondo de Garantía de Depósitos, con objeto de garantizar su seguridad jurídica; a reducir los plazos y trámites asociados al funcionamiento del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para acelerar las reestructuraciones en el sector financiero, y a permitir que los fondos de titulización de activos se conviertan en titulares de los inmuebles, derechos y cantidades resultantes de los remates de los préstamos hipotecarios de los que son titulares como consecuencia de su titulización.

En lo que se refiere al sector energético, se incluyen medidas que tienen como objetivo crear las condiciones para impulsar las empresas de servicios energéticos, muy relevantes para la modernización del sector, así como otras relativas a la titulización del déficit de tarifa del sistema eléctrico y a la creación y regulación de la figura del gestor de recarga energética para impulsar el uso del vehículo eléctrico con una propuesta de tarifas ‘super-valle’.

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