CONTRATACIÓN TEMPORAL

Contratos a tiempo parcial:

Los requisitos de los trabajadores son:

1. Estar inscritos en la oficina de empreso al menos desde el 01-01-2011.

2. Tener edad igual o inferior a 30 años o llevar inscrito en la Oficina de empleo al menos 12 meses en los 18 meses canteriores a la contratación.

Forma de contratación:

1. Jornada de trabajo entre el 50%-75% de un trabajador a tiempo completo comparable.

2. Duración mínima del contrato 6 meses.

Requisito para la empresa:

La contratación efectuada debe de suponer un incremento de la plantilla y se deberá de mantener el nivel de empleo alcanzado durante el periodo de duración de la reducción  de cuotas a la seguridad social.

Bonificación

En empresas de menos de 250 trabajadores, la bonificación será del 100% en todas las cuotas empresariales durante 12 meses siguientes a la contratación (el 75% a empresas de más de 250 trabajadores)

El incumplimiento dará lugar al abono de las cotizaciones correspondientes.

CONTRATACIÓN INDEFINIDA

Contratos indefinidos como medidas de Fomento del Empleo que sean formalizados hasta el 31 de diciembre.

Trabajadores desempleados entre 16 y 30 años inscritos en la oficina de empleo al menos 12 meses en los 18 meses anteriores a la contratación y que no hayan completado la escolaridad obligatoria o carezcan de titulación. Bonificación: 800 euros al año, en el caso de hombres y de 1.000 en el caso de mujeres, durante 3 años.

Trabajadores desempleados mayores de 45 años, que hayan estado inscritos en la oficina de empleo al menos 12 meses en los 18 meses anteriores a la contratación. Bonificación: 1.200 euros en el caso de hombres y 1.400 en el caso de mujeres, durante 3 años.

Transformación en indefinidos de contratos formativos, de relevo y de sustitución por anticipación de la edad de jubilación, cualesquiera que sea la fecha de celebración. Bonificación: 500 euros en el caso de hombres y 700 en el caso de mujeres durante 3 años.

Requisitos para las empresas:

Que las nuevas contrataciones  supongan un incremento del nivel de  empleo fijo de la empresa y se mantenga durante el peridodo de duración de la bonificación. De no cumplirse los requisitos, supondrá el reintegro de las bonificaciones aplicadas.

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a)       Que se trate de empresas hasta de 10 trabajadores

b)      Que la actividad que desarrolle no ese encuentre entre la incluidas en el Anexo I del Reglamento.

c)       Que desarrolle su actividad de forma habitual en  el centro de trabajo.

d)      Que tenga la capacidad correspondiente a las funciones que va a desarrollar (con carácter general, para empresarios que cumplan las condiciones anteriores es suficiente un CURSO DE NIVEL BÁSICO

El Ministerio de Trabajo, Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo y la Comundad de Madrid,  han creado el portal PREVENCION10.ES a través del cuál  ayudan a este tipo de empresas a elaborar su propio plan de prevención. Registrándote en la página y siguiendo una serie de pasos, podrás confeccionar el plan de prevención de riesgos de tu empresa de forma gratuita, tan sólo tienes que dedicarle un poco de tiempo.

Puedes acceder a un video de presentación en este enlace: http://www.prevencion10.es/site-web/virtualVisit.seam?conversationId=2025

Además tienes un teléfono a tu disposición en el que te asesoran gratuitamente en todo el procedimiento y en la materia: 901 255 050

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El artículo único dispone:

Los trabajadores que en la fecha de entrada en vigor de esta orden figuren en alta en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos y no tengan cubierta la protección por contingencias profesionales y por cese de actividad, podrán optar por su cobertura hasta el 30 de junio de 2011, con efectos desde el día primero del mes siguiente al de dicha opción.

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La prevención de riesgos es el conjunto de actividades o medidas que se deben de adoptar en la empresa con el fin de evitar o disminuir accidentes o enfermedades.

El empresario, por mandato legal, tiene la obligación de garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio. Deberá realizar la prevención  de los riesgos laborales mediante la integración de la actividad preventiva en la empresa a través de la elaboración del PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.

¿Qué sistema de organización puede establecerse?

Las posibilidades que tiene el empresario para cumplir con sus obligaciones en esta materia son:

1.         Asumiendo personalmente tal actividad.

2.        Designando a uno o varios trabajadores para llevarlo a cabo.

3.        Constituyendo un servicio de prevención propio.

4.       Recurriendo a un servicio de prevención ajeno.

ASUNCIÓN POR EL EMPRESARIO

El artículo 11 del Reglamento contempla la posibilidad de que sea el propio empresario el que asuma la actividad preventiva de su empresa pero para ello se tienen que cumplir los siguientes requisitos:

a)       Que se trate de empresas hasta de 10 trabajadores

b)      Que la actividad que desarrolle no ese encuentre entre la incluidas en el Anexo I del Reglamento[1] (trabajos con exposición a agentes tóxicos radiactivos; actividades en que intervienen productos químicos; actividades de fabricación de explosivos; minería; inmersión bajo agua; en obras de construcción, excavación, movimientos de tierras, etc.;  industria siderúrgica; entre otras)

c)       Que desarrolle su actividad de forma habitual en  el centro de trabajo.

d)      Que tenga la capacidad correspondiente a las funciones que va a desarrollar (con carácter general, para empresarios que cumplan las condiciones anteriores es suficiente un CURSO DE NIVEL BÁSICO[2] para poder asumir la prevención en su empresa, en este curso se enseñaría como realizar el PLAN DE PREVENCIÓN  Y LA EVALUACIÓN DE RIESGOS)

Tener en cuenta que lo que no podrá llevar a cabo será la actividad de Vigilancia de la Salud (reconocimientos médicos) que sí tendrá que contratarlo con alguna empresa.

DESIGNACIÓN DE TRABAJADORES

El Reglamento de los Servicios de Prevención, en su artículo 12 establece que el empresario puede designar a uno o varios trabajadores para que se ocupen de la actividad preventiva. Para ello habrá que determinar si las funciones que dicho trabajador va a desempeñar en la empresa corresponden al Nivel Básico, Intermedio o  Superior.

Por ejemplo: en un despacho de abogados en el que haya 15 trabajadores ¿cómo podría organizarse la prevención?

El empresario no podría asumirla porque la empresa tiene más de 10 trabajadores pero sí podría designarla en alguno de ellos. Además sería posible el Nivel Básico de formación de éste ya que la empres ano se dedica a ninguna de las actividades comentadas del Anexo I del Reglamento.

CONSTITUYENDO UN SERVICIO DE PREVENCIÓN PROPIO

Para ello se tiene que contar con instalaciones propias y los medios humanos y materiales para asumirlos, que no es el caso del pequeño empresario.

CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENA

El empresario podrá contratar el servicio de prevención con empresas especializadas que proporcionarán a la empresa el asesoramiento que necesite en función de los riesgos.

Contenido de un Plan de Prevención de Riesgos

1.         Identificación de la empresa, de su actividad productiva, el número y características de los centros de trabajo y el número de trabajadores y sus características con relevancia en la prevención de riesgos laborales.

2.        La estructura organizativa de la empresa, identificando las funciones y responsabilidades que asume cada uno de sus niveles jerárquicos y los respectivos cauces de comunicación entre ellos, en relación con la prevención de riesgos laborales.

3.        La organización de la producción en cuanto a la identificación de los distintos procesos técnicos y las prácticas y los procedimientos organizativos existentes en la empresa, en relación con la prevención de riesgos laborales.

4.       La organización de la prevención en la empresa, indicando la modalidad preventiva elegida y los órganos de representación existentes.

5.        La política, objetivos y metas que en materia preventiva pretende alcanzar la empresa, así como los recursos humanos, técnicos, materiales y económicos de los que va a disponer al efecto.

Inspecciones y costes

Las inspecciones de seguridad pueden ser:

1.         Planificadas: son las establecidas dentro de un programa de prevención establecida por la Autoridad Laboral (determinados sectores, zonas…)

2.        Puntuales: son generalmente extraordinarias y vienen motivadas por una causa espontánea.

Comentar que cuando ocurre un accidente laboral dentro de un centro de trabajo, se envía un parte de accidente a la MUTUA/INSS con la que el empresario haya elegido a la hora de darse de alta en la Seguridad Social. Por tanto, la Entidad Laboral, puede tener conocimiento del accidente y derivar alguna inspección.

El empresario debe responder de los daños causados a los trabajadores a consecuencia de no adoptar las medidas de prevención adecuadas. Ello da lugar a una responsabilidad administrativa que se materializa en sanciones económicas y que puede llevar incluso a la suspensión o cierre de la empresa o a la paralización de la actividad. No hay que olvidar la responsabilidad en materia de Seguridad Social, como el recargo de prestaciones económicas que implica el pago de un 30 y 50% de dichas prestaciones.

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La orden que recoge esta obligación es la Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura o de reanudación de actividades en los centros de trabajo.

La presentación de la comunicación se efectuará ante la unidad correspondiente de la Comunidad Autónoma, salvo en Ceuta y Melilla, donde se efectuará en el Área Provincial de Trabajo e Inmigración.

• En la Comunidad de Madrid se puede obtener información del trámite haciendo click aquí.

En el caso de que la autoridad laboral advirtiera que la comunicación referida no reúne los datos y requisitos exigidos en esta orden, lo pondrá en conocimiento del interesado, a fin de que en el plazo de diez días pueda éste subsanar los defectos de que adoleciera. Transcurrido dicho plazo sin haberse llevado a cabo, se entenderá como no efectuada la comunicación.  La autoridad laboral pondrá los datos en conocimiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

La no comunicación de la apertura del centro de trabajo o la reanudación de trabajos, o consignar con inexactitud los datos que debe declarar o cumplimentar,  será calificada como infracción leve siempre que no se trate de industria calificada como peligrosa, insalubre o nociva por los elementos, procesos o sustancias que se manipulen y como infracción grave cuando sí tenga esta calificación.

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La jornada a tiempo parcial debe estar comprendida entre el 50 y el 75% de la jornada comparable a tiempo completo.

Este Programa tiene una vigencia de 12 meses desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 1/2011.

El Programa se puede aplicar a contratos indefinidos o temporales a tiempo parcial que se celebren entre el 13 de febrero 2011 y el 12 de febrero de 2012.

Las personas beneficiarias deben ser personas desempleadas inscritas ininterrumpidamente en la oficina de empleo al menos desde el 1 de enero de 2011, y que pertenezca a alguno de estos colectivos:

• Jóvenes hasta 30 años de edad, inclusive
• Personas desempleadas inscritas en la oficina de empleo al menos 12 meses en los 18 meses anteriores a la contratación.

Los incentivos del Programa se dirigen a:

• Empresas
• Sociedades Laborales o Cooperativas que incorporen personas dadas de alta en el régimen de la seguridad social como trabajadores por cuenta ajena
• Personas Trabajadoras Autónomas que contraten a otras con las características referidas en el apartado anterior

Se puede beneficiar de la reducción de cuotas cualquier contrato indefinido o temporal, de duración determinada o en prácticas, con una duración inicial prevista igual o superior a 6 meses.

No se pueden beneficiar de la reducción de cuotas las modalidades de:

• Interinidad
• Relevo
• Contrato para la formación
• Contrato de sustitución por anticipación de la edad de jubilación

En los modelos de contratos en que se puede aplicar la reducción, se ha incorporado una cláusula específica y, además, es necesario acompañar al contrato el Anexo “Contrato con derecho a reducción de cuotas” del Real Decreto Ley 1/2011 (Modelo PE-224), que deberá cumplimentarse debidamente.

Los incentivos son:

• Reducción, en los 12 meses siguientes a la contratación, del 100% en las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social. En el supuesto de empresas con 250 trabajadores o más la reducción de cuotas será del 75%.
• Se pueden acoger posteriormente, una vez transcurridos los 12 meses de aplicación de la reducción, a los programas vigentes de bonificaciones, si los trabajadores pertenecen a alguno de los colectivos siguientes:
  • Contratos indefinidos de la Ley 35/2010 (en ambos casos inscritos como desempleados 12 meses en los 18 meses anteriores a la contratación):
    • Jóvenes hasta 30 años con problemas de empleabilidad
    • Mayores de 45 años
  • Contratos temporales o indefinidos de la Ley 43/2006:
    • Personas con discapacidad
    • Víctimas de la violencia de género o doméstica
    • Personas en riesgo de exclusión social

En todos los supuestos, se restará del periodo correspondiente de bonificación el de aplicación de la reducción.

Los contratos temporales, amparados en esta medida, que se transformen en indefinidos, antes del transcurso de un año desde la celebración del mismo, con la misma jornada u otra superior, podrán tener derecho a las bonificaciones establecidas en el artículo 10 de la Ley 35/2010 si la persona desempleada, en el momento de la contratación inicial, pertenece a alguno de los colectivos de la citada ley, aplicando la bonificación prevista para cada uno de los colectivos y restando del periodo correspondiente de bonificación el de aplicación de la reducción.

Los contratos en prácticas que se transformen en indefinido, antes del transcurso de un año desde la celebración del mismo, podrán acogerse a la bonificación establecida por la transformación de contratos en el artículo 10.3 de la Ley 35/2010. No obstante, si el contratado en prácticas fuese, en el momento de la contratación, mayor de 45 años inscrito al menos 12 meses en los 18 meses anteriores a la contratación, la empresa podrá optar entre aplicarse la bonificación contemplada en el citado artículo 10.3 o la que corresponda al colectivo mayor de 45 años en el artículo 10.2 de la citada ley 35/2010.

En ambos casos restando del periodo correspondiente de bonificación el de aplicación de la reducción.

La contratación debe suponer incremento neto de plantilla, para su cálculo se tomará como referencia el promedio de plantilla en los noventa días anteriores a la contratación. Las empresas que se acojan a estas reducciones estarán obligadas a mantener, durante el periodo de duración de la reducción, el nivel de empleo alcanzado con la contratación realizada.

Fuente: RedTrabaja.es

Real Decreto-ley 1/2011, de 11 de febrero, de medidas urgentes para promover la transición al empleo estable y la recualificación profesional de las personas desempleadas. (B.O.E. núm. 37 de 12 de febrero de 2011)

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¿Quiénes están obligados a trasmitir los certificados de empresa por internet?

1. Estarán obligados a remitir el certificado de empresa por Internet, cualquier empresa, organización empresarial o asociación, institución o entidad de derecho público, independientemente de su forma jurídica, incluido el empresario persona física, su representante legal y las empresas y profesionales colegiados que en el ejercicio de su actividad profesional gocen de la representación de las empresas en cuyo nombre actúan, que tengan contratados a trabajadores, operen en el territorio nacional y tengan asignado a su CIF o NIF una cuenta de cotización por la Tesorería General de la Seguridad Social, cuando dichos trabajadores finalicen o se suspenda o reduzca su relación laboral, y les comuniquen que van a solicitar las prestaciones por desempleo.

2. Quedan excluidas de la obligación de enviar el certificado de empresa de aquellos trabajadores que, por su actividad fija discontinua o temporal, tengan diversos períodos de actividad o inactividad, o por trabajar habitualmente para la misma empresa, tengan sucesivos contratos temporales dentro del mes, se encuentren en el ámbito de tramitación.

¿Hay que entregar el certificado de empresa a los trabajadores?

La remisión por las empresas a través de Internet del certificado de empresa supone el cumplimiento de la obligación de su entrega por los trabajadores al Servicio Público de Empleo Estatal para la tramitación de las prestaciones por desempleo y les exime de la obligación de acompañar dicho documento a la solicitud de prestaciones por desempleo.

La aplicación certific@2, será el único sistema válido para la remisión vía Internet de los datos del certificado de empresa de cese, suspensión o reducción de la relación laboral, al Servicio Publico de Empleo Estatal.

Plazo para remitir el certificado

Las empresas y demás sujetos obligados al envío del certificado de empresa al Servicio Público de Empleo Estatal deberán realizar el envío en el momento en el que se produzca el cese, suspensión o reducción de la relación laboral cuando el trabajador haya manifestado con anterioridad al empresario su voluntad de solicitar prestaciones por desempleo, o al día siguiente a aquel en que el trabajador solicite de forma expresa el certificado al empresario, si lo hace posteriormente.

Incorporación de las empresas al sistema

a) Las empresas que en la fecha de publicación de la presente Orden tengan 10 o más trabajadores en alta deberán incorporarse al sistema certific@2, en el plazo de los tres meses siguientes a la fecha de la entrada en vigor de esta Orden.

b) Las empresas que en la fecha de publicación de la presente Orden tengan menos de 10 trabajadores en alta quedarán transitoriamente exentas de incorporarse al sistema certific@2, en consonancia con lo establecido en la normativa de Seguridad Social sobre el uso de medios electrónicos, informáticos y telemáticos para el envío de información por las empresas en el ámbito de la Seguridad Social, en tanto no resulten obligadas en ese ámbito.

Una vez producida la incorporación de una empresa a certific@2 se debe mantener de forma obligatoria en el uso del sistema con independencia del número de trabajadores.

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Aspectos más relevantes de esta norma:

1. Objeto de la normativa

Proteger a los trabajadores autónomos que pudiendo y queriendo ejercer una actividad hubiesen cesado en esa actividad con arreglo a lo establecido en el artículo 5 de la norma. El cese implica que el trabajador autónomo cesa en la totalidad de las actividades que venía ejerciendo y puede ser definitivo o temporal.

2. Requisitos (art. 4 de la ley)

• Estar afiliados y en situación de alta y cubiertas las contingencias profesionales.
• Tener cubierto el período mínimo de cotización por cese de actividad a que se refiere el artículo 8.
• Encontrarse en situación legal de cese de actividad, suscribir el compromiso de actividad al que se refiere el artículo 231 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social y acreditar activa disponibilidad para la reincorporación al mercado de trabajo a través de las actividades formativas, de orientación profesional y de promoción de la actividad emprendedora a las que pueda convocarle el Servicio Público de Empleo de la correspondiente Comunidad Autónoma.
• No haber cumplido la edad ordinaria para causar derecho a la pensión contributiva de jubilación, salvo que el trabajador autónomo no tuviera acreditado el período de cotización requerido para ello.
• Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social.

3. ¿Qué se entiende por situación legal de cese de actividad (art. 5 de la ley)?

a)  Por la concurrencia de motivos económicos, técnicos, productivos u organizativos determinantes de la inviabilidad de proseguir la actividad económica o profesional. En todo caso, se entenderá que existen estos motivos cuando concurra alguna de las situaciones siguientes:

• Unas pérdidas derivadas del ejercicio de su actividad, en un año completo, superiores al 30% de los ingresos, o superiores al 20% en dos años consecutivos y completos. En ningún caso el primer año de inicio de la actividad computará a estos efectos.
• Unas ejecuciones judiciales tendentes al cobro de deudas reconocidas por los órganos judiciales que comporten, al menos, el 40% de los ingresos de la actividad del trabajador autónomo correspondientes al ejercicio económico inmediatamente anterior.
• La declaración judicial de concurso que impida continuar con la actividad, en los términos de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.
• Por fuerza mayor, determinante del cese temporal o definitivo de la actividad económica o profesional.
• Por pérdida de la licencia administrativa, siempre que la misma constituya un requisito para el ejercicio de la actividad económica o profesional y no venga motivada por incumplimientos contractuales o por la comisión de infracciones, faltas administrativas o delitos imputables al autónomo solicitante.
• La violencia de género determinante del cese temporal o definitivo de la actividad de la trabajadora autónoma.
• Por divorcio o acuerdo de separación matrimonial.

b) Los trabajadores económicamente dependientes:

• Por la terminación de la duración convenida en el contrato o conclusión de la obra o servicio.
• Por incumplimiento contractual grave del cliente, debidamente acreditado.
• Por rescisión de la relación contractual adoptada por causa justificada por el cliente, de acuerdo con lo establecido en la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo.
• Por rescisión de la relación contractual adoptada por causa injustificada por el cliente, de acuerdo con lo establecido en la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo.
• Por muerte, incapacidad o jubilación del cliente, siempre que impida la continuación de la actividad.

4. Duración de la prestación

a) La duración de la prestación por cese de actividad estará en función de los períodos de cotización efectuados dentro de los cuarenta y ocho meses anteriores a la situación, de los cuales 12 meses deben de ser continuados e inmediatamente anteriores a dicha situación.

5. Cuantía de la prestación

La base reguladora de la prestación económica por cese de actividad será el promedio de las bases por las que se hubiere cotizado durante los doce meses continuados e inmediatamente anteriores a la situación legal de cese.

• La cuantía de la prestación, durante todo su período de disfrute, se determinará aplicando a la base reguladora el 70 por ciento.

La cuantía máxima de la prestación por cese de actividad será del 175 por ciento del Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples, salvo cuando el trabajador autónomo tenga uno o más hijos a su cargo; en tal caso, la cuantía será, respectivamente, del 200 por ciento o del 225 por ciento de dicho indicador.

La cuantía mínima de la prestación por cese de actividad será del 107 por ciento o del 80 por ciento del Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples, según el trabajador autónomo tenga hijos a su cargo, o no.
A efectos de calcular las cuantías máxima

6. Prestación no contributiva para trabajadores autónomos

Los trabajadores autónomos que hayan cesado su actividad profesional o empresarial a partir de 1 de enero de 2009 y que no reciban ninguna otra ayuda o prestación pública con el objetivo de dar un soporte económico mientras siguen un itinerario de orientación y formación para mejorar su ocupabilidad, tendrán derecho a una prestación económica de carácter no contributivo consistente en un cobro mensual  de 425 euros durante un máximo de seis meses.

La percepción de este importe está vinculada al compromiso de la búsqueda activa de ocupación por parte del beneficiario y a la realización de un mínimo de 180 horas de formación.

Requisitos:

a) Haber cotizado en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos tres de los últimos cinco años.
b) Que la media de ingresos familiares por persona no supere el 75% del Salario Mínimo Interprofesional.
c) Otros que se establezcan reglamentariamente (que el Gobierno regulará en los próximos 3 meses).

7. Plazo especial de opción para la cobertura de las contingencias profesionales de los trabajadores por cuenta propia o autónomos (Disposición transitoria única de la ley)

A efectos de la cobertura de la prestación por cese de actividad, los trabajadores que en la fecha de entrada en vigor de esta Ley figuren en alta en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos y no tengan cubierta la protección por contingencias profesionales, podrán optar por esta última protección dentro de los tres meses siguientes a la fecha indicada, con efectos desde el día primero del mes siguiente al de dicha opción.

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